Garzón, primera condena (blog de Santiago González)

El Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia que condena a Garzón a once años de inhabilitación, lo que comporta su expulsión de la carrera judicial, al pago de una multa de 14 meses a razón de seis euros diarios y al pago de las costas, que incluyen los seguramente altos honorarios de los abogados de la acusación (en los juicios contra Garzón no cabe la inclusión del calificativo ‘particular’, porque el fiscal se suma a la defensa del procesado). La prensa amiga no ha visto bien la sentencia, aunque una lectura sosegada de la misma debería bastar para percibir que es contundente en la relación de los hechos y que desbarata la defensa del letrado Baena Bocanegra,-qué gran apellido para un tribuno-, que trató de demostrar que su defendido preservó el derecho de defensa.
Es evidente que el derecho de defensa en España ha quedado tocado tras la actuación de Garzón, no ya para los procesados por la trama ‘Gürtel’, no ya para unos letrados, como Choclán, Rodríguez Mourullo y Peláez, abogados por encima de toda sospecha y sobre los que el juez instructor no tenía, no podía tener, ni el más leve indicio de que pudieran tramar con sus defendidos operaciones delictivas como el blanqueo de dinero. Ha quedado tocado de manera objetiva de ahora en adelante. No habrá delincuente que hable a su defensor a calzón quitado en un locutorio de la cárcel después de las grabaciones ordenadas pro Garzón. Menos aún si leen la sorprendente pieza de Mercedes Gallizo,  directora de Instituciones Penitenciarias durante los hechos.
El diario El País ha abierto hoy con lo que pueden ustedes ver en la captura de pantalla que ilustra este comentario. Y se empecina en un editorial que es como la flauta de Bartolo, con un argumento solo.
No es menos notable que el editorial insinúe un comportamiento prevaricador de los siete magistrados del Supremo, al acusarles de agarrarse a la hipótesis “más disparatada, absurda e incluso ofensiva”, pero que “era la que servía para alcanzar el objetivo buscado: anular a Garzón como juez”. La hipótesis de la prensa amiga actualiza el chiste del loco que  conduce por la autovía en dirección contraria: ¿Cómo un juez prevaricador?¡¡Es todo el Tribunal Supremo! Y estos son los que el ex juez no pudo recusar.
Tal vez el editorialista de hoy tendría que haber escarbado en su propia hemeroteca, para comtrastar los criterios con los que se empleaban en la década de los 90. Y lo que entonces pensaban corporativamente del proceder de Garzón. Así, el editorial del 17 de octubre de 1995, cuando BGR instruía el caso del atentado de las GAL contra el Bar Monbar:
 Los documentos que Garzón reclama al Cesid, elaborados en 1983 y de carácter más bien teórico, tendrían que ver antes con los supuestos orígenes de los GAL que con un atentado cometido a finales de 1985. De ser así, Garzón estaría interfiriendo de forma oblicua en una parcela de los GAL que no le corresponde a él investigar, sino al instructor del Supremo.Ningún fin, ni siquiera el de conocer toda la verdad sobre los GAL, justifica pasar por encima de los procedimientos. El principio de que no todvale rige tanto en la lucha contra el terrorismo como en la investigación de los delitos cometidos a su amparo.
No fue el único. Den un repaso a los siguientes editoriales:
La falta de transparencia en ambos casos es notable: Garzón perteneció a las filas del Ministerio del Interior antes de retomar la instrucción de los crímenes de los GAL, y algunos creen que pudo obtener así información interna con la que reabrir una causa ya cerrada años antes por él mismo.
Garzón alega ahora que la negativa del Gobierno sólo afecta al soporte material de esos documentos y no a su contenido, porque de no ser así el Gobierno podría ser acusado de encubrir delitos. ¿Pero está Garzón en condiciones de asegurar sin lugar a dudas que esos documentos prueban la comisión de delitos? Es posible en todo caso que lo que cree Garzón no lo crea el Gobierno ni los diputados que tuvieron conocimiento en su momento de los papeles del Cesid. Con esa distinción formalista digna del teólogo escolástico Duns Scoto, llamado el doctor sutil, Garzón pretende transmitir a los funcionarios del Cesid y a otras personas conocedoras del contenido de los famosos papeles el mensaje de que no delinquen si comunican lo que saben al juez. Es una distinción pueril, equivalente a la mentira piadosa del fraile, porque es evidente que la reserva afecta al contenido, cualquiera que sea su soporte material. Pero sirve para mantener el pulso entablado con el Gobierno. Y puestos ya a desvelar tramas de guerra sucia, nada mejor que ampliar el campo de acción a Argentina. Ahora sí que se ha asegurado tarea hasta el año 2015.
Lo que el juez Garzón considera que es suyo, de acuerdo con sus competencias, no tiene por qué serlo necesariamente si esas instancias de control que están por encima le dicen que no le corresponde. La justicia no se paraliza por ello. Pensar otra cosa sería tanto como admitir que la justicia se identifica con un determinado juez, en este caso Garzón. Un mensaje que algunos no se privan de lanzar por más disparatado y pretencioso que resulte.

20-11-99:

LA PESADILLA de los GAL no acaba de pasar. Sin que se conozcan nuevos hechos ni diligencias adicionales, el juez Garzón desentierra los papeles del Cesid que obran en su poder desde hace dos años y medio para obligar al Supremo a que se pronuncie de nuevo sobre si hay indicios para implicar a Felipe González Si trataba de sorprender, lo ha conseguido.
23-11-99:

EL TRIBUNAL Supremo ha dictaminado que el último auto de Garzón sobre el caso GAL no aporta ninguna prueba que no hubiera sido considerada y desechada con antelación. Dicho en otros términos: los papeles del Cesid desclasificados en abril de 1997 ya fueron desestimados como indicio acusatorio contra el ex presidente Felipe González. El alto tribunal ha actuado con rapidez: ni siquiera ha esperado el recurso de la fiscalía contra la iniciativa del juez. Con esta intervención urgente ha impedido que se entrara en una dinámica de recursos y contrarrecursos que hubiera mantenido artificialmente en candelero un asunto ya resuelto. Sólo lo lamentarán quienes desearían que el drama de los GAL siguiera condicionando la vida política y envenenando la convivencia entre los partidos y los ciudadanos.
Por poner unos ejemplos.
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