Mucha ley y farsas pocas, por Hermann Tertsch

La aplicación implacable de la ley tiene efectos benefactores y correctores inmediatos

« LOS obreros comían en los hoteles, restaurantes y cafés, negándose a pagar la cuenta y amenazando a los dueños cuando aquellos manifestaban su intención de reclamar la ayuda de la policía. Las mujeres de los trabajadores hacían sus compras en los ultramarinos sin pagarlas, por la buena razón de que las acompañaba un tiarrón que exhibía un elocuente revólver. Además, incluso en pleno día y hasta en el centro de la ciudad, los pequeños comercios eran saqueados». Así describe en «La revolución española vista por una republicana» la situación en Madrid en primavera de 1936 la diputada Clara Campoamor.

Lo escribe un año después, ya en el exilio, cuando ya conoce las consecuencias terribles de la dejación total del Gobierno de la República en su deber de cumplir y hacer cumplir las leyes. La tragedia española, insensatamente idealizada por el anterior presidente del Gobierno, consigue de nuevo inspirar de la peor manera posible a algunos. La culpa máxima de ese «revival» de lo peor la tiene, sin duda, Zapatero. Y ese pringue revanchista intelectualizado y semiculto que fomentó.

Con mucha ideología y manipulación de la ignorancia, la apología sistemática del frentepopulismo ha hecho mucho daño a la cultura política de este país. Y aumentado el nefasto prestigio de eso que se dio en llamar la acción directa: desde un saqueo, una ocupación, una paliza o un secuestro a —¿por qué no?— el crimen. El grotesco espectáculo dado por el alcalde paleocomunista de Marinaleda va en este sentido. Se trata de animar al mayor número posibles de ciudadanos a cruzar las líneas rojas de la violación de la ley. Y cuestionar la propia validez de las leyes violadas. Primero la de la propiedad. Y las del orden público. Y llegado el momento se pondrían en cuestión todas. Acabar con el imperio de la ley y con el Estado de Derecho es el principal objetivo de cualquier fuerza revolucionaria. Y da la impresión de que en sectores radicalizados de nuestra izquierda ya se ha declarado enemigo al Estado de Derecho.

Que los socialistas y los sindicatos se hayan distanciado de estas acciones ahora es un consuelo. Sus actitudes ante otras acciones violentas en pasados meses sugieren, sin embargo, que es más cuestión de conveniencia que de convicción. Los efectos devastadores del caos para nuestra convivencia están claros. También daña a nuestra economía y bienestar. La inseguridad jurídica es puro veneno para ambos. Por eso conviene, en estos tiempos convulsos, dejar muy claras las cosas.

Hay que perseguir todos los delitos. Pero debe haber inmediata eficacia en los casos en los que los delincuentes se jactan de ellos. Es un desafío añadido. El anuncio del ministro del Interior de acción inmediata contra los saqueos del sindicato de Sánchez Gordillo tuvo un efecto inmediato.

Este histrión, que se vanagloriaba del hecho, alegó de repente no haber participado directamente. La aplicación implacable de la ley tiene efectos benefactores y correctores inmediatos. Los gobernantes tienden a olvidarlo. No estamos en el 34 ni en el 36, por mucho miedo que nos quieran meter. Estamos en un Estado moderno, con una democracia parlamentaria estable y miembro de una gran alianza, capaz de hacer cumplir las leyes. Pero tiene que haber voluntad de imponerlas. Sin titubeos. Hoy sólo un insoportable fracaso culpable de los gobernantes podría permitir a estos agitadores repetir como farsa el desafío al Estado. Entonces, como recordaba Campoamor, pudieron: «El espantapájaros de la anarquía callejera siempre se salió con la suya, sin que los que de este modo cedían obtuviesen la deseada tregua, ya que cada éxito, lejos de calmar a los extremistas, los animaba».

ABC

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